El bloque del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro elevó un proyecto mediante el cuál busca la modernización tecnológica del sistema provincial de saneamiento ambiental en Río Negro. Los legisladores buscan incorporar herramientas de monitoreo continuo, alerta temprana y gestión inteligente de la información para el control preventivo de los efluentes. Para ello, proponen que los recursos para sumar esta tecnología surjan del cobro del canon de las empresas hidroeléctricas.
El bloque del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro elevó un proyecto mediante el cuál busca la modernización tecnológica del sistema provincial de saneamiento ambiental en Río Negro. Los legisladores buscan incorporar herramientas de monitoreo continuo, alerta temprana y gestión inteligente de la información para el control preventivo de los efluentes. Para ello, proponen que los recursos para sumar esta tecnología surjan del cobro del canon de las empresas hidroeléctricas.
La idea central es controlar el vertido cloacal e industrial a los ríos, lagos y espejos de agua, priorizando las zonas de mayor expansión productiva asociadas al desarrollo hidrocarburífero.
El proyecto, impulsado por el legislador Luis Ivancich y acompañado por Daniel Belloso, Alejandra Mas y Leandro García, se basa en el crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera, el desarrollo de nuevas obras de infraestructura energética y logística, la expansión de las actividades industriales vinculadas a este proceso y el consecuente incremento de la demanda sobre los servicios públicos. En consecuencia, advierten, los recursos naturales configuran un escenario inédito para la gestión ambiental provincial.
"La diversificación de la matriz productiva plantea desafíos que exigen fortalecer las capacidades del Estado, para garantizar que el crecimiento se produzca en condiciones de sostenibilidad ambiental y de protección de la salud de la población", indican los legisladores.
La iniciativa pretende resguardar el recurso hídrico, esencial para el consumo humano y la producción. En este sentido, resulta necesario reconocer que los sistemas de saneamiento ambiental y de control de efluentes con los que hoy cuenta la provincia fueron concebidos para responder a una realidad productiva significativamente diferente. Si bien durante los últimos años se han realizado importantes inversiones en infraestructura sanitaria, ampliación de redes cloacales y construcción de plantas de tratamiento, así como se ha consolidado un marco normativo que regula los vertidos industriales y protege los recursos hídricos, las nuevas dimensiones del desarrollo provincial demandan un salto cualitativo y cuantitativo en la forma en que el Estado ejerce sus funciones de control y fiscalización.
En consecuencia, el desafío ya no consiste únicamente en ampliar la infraestructura existente o incrementar la cantidad de inspecciones presenciales. La magnitud y complejidad de las actividades productivas que comienzan a desarrollarse en Río Negro requieren avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión ambiental, basado en la prevención, el monitoreo permanente y la utilización intensiva de herramientas tecnológicas que permitan detectar tempranamente posibles desvíos antes de que éstos generen impactos ambientales o afecten la salud pública.
"La preservación de los recursos hídricos constituye uno de los pilares del desarrollo de nuestra provincia. Los ríos, acuíferos y demás cuerpos de agua no sólo representan un patrimonio ambiental y social de enorme valor, sino que sostienen actividades productivas, abastecen de agua potable a las comunidades y forman parte esencial de la calidad de vida de las y los rionegrinos. Su protección exige fortalecer de manera permanente las herramientas de control, incorporando los avances tecnológicos disponibles y adecuando las capacidades institucionales a las nuevas demandas del territorio", indican los legisladores entre sus fundamentos.
Y aseguran que "el crecimiento económico y la protección ambiental no constituyen objetivos contrapuestos. Por el contrario, cuanto mayor es la escala del desarrollo productivo, mayor debe ser la capacidad institucional del Estado para prevenir riesgos, garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y brindar certezas respecto de la sustentabilidad de los procesos productivos. Un desarrollo que no incorpore la prevención ambiental como política estratégica compromete la calidad de los recursos naturales y aumenta los costos económicos, sociales y sanitarios derivados de la remediación de daños que podrían haberse evitado".