La situación de la obra pública en Argentina volvió a instalarse en el centro del debate político durante una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación. Funcionarios provinciales, representantes sindicales y referentes de distintas organizaciones expusieron sobre el impacto de la paralización de proyectos de infraestructura en diversas regiones del país y plantearon preocupaciones vinculadas a la seguridad vial, el desarrollo económico y la generación de empleo.
La situación de la obra pública en Argentina volvió a instalarse en el centro del debate político durante una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación. Funcionarios provinciales, representantes sindicales y referentes de distintas organizaciones expusieron sobre el impacto de la paralización de proyectos de infraestructura en diversas regiones del país y plantearon preocupaciones vinculadas a la seguridad vial, el desarrollo económico y la generación de empleo.
El encuentro fue presidido por el diputado nacional Martín Aveiro y tuvo como eje principal el análisis del estado de las obras públicas. Durante la jornada, los expositores coincidieron en señalar las dificultades que enfrentan provincias y municipios para sostener proyectos que quedaron inconclusos o que registran importantes demoras en su ejecución.
Uno de los planteos más contundentes fue realizado por el ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, quien afirmó que “la obra pública está paralizada en todo el país desde diciembre del 2023”. El funcionario sostuvo además que la administración provincial debió asumir la finalización de distintas obras con fondos propios y remarcó que “la obra pública es una inversión y no un gasto”.
En representación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Jorge Pellegrini expresó su preocupación por la situación del sector y consideró que “necesitamos un cambio de políticas”. Según indicó, actualmente existe una marcada reducción de proyectos de infraestructura de gran escala, lo que repercute en la actividad económica y laboral vinculada a la construcción.
Las dificultades para afrontar obras paralizadas también fueron señaladas por el secretario de Obras Públicas de La Rioja, Eduardo Andalor, quien manifestó que su provincia no dispone de los recursos suficientes para absorber la totalidad de los proyectos detenidos. “La obra pública sirve para desarrollar nuestros territorios”, afirmó durante su exposición ante la comisión legislativa.
En la misma línea, el ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, pidió que “el Gobierno revea su camino y su horizonte respecto a las obras”. Por su parte, el intendente de La Paz, Mendoza, Fernando Ubieta, sostuvo que la infraestructura pública constituye una herramienta fundamental para el crecimiento de los municipios del interior y aseguró que “la obra pública es el motor de desarrollo de departamentos como el nuestro”.
Durante el debate también se abordó la situación de la infraestructura vial. Fabián Cattanzaro, representante de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, consideró que “la situación actual amerita declarar la emergencia vial”, mientras que Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, señaló que los problemas relacionados con el sistema de peajes y la infraestructura vial “vienen desde hace muchísimos años”. Además, participaron de la reunión Candelaria Rueda, directora Provincial de Infraestructura Municipal de Buenos Aires, representantes de ATE Capital y Obras Públicas y Silvia González, integrante de la Fundación Estrellas Amarillas.
