En la madrugada del 3 de enero de 2026, las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron una operación militar de gran escala contra Venezuela, que incluyó ataques aéreos y terrestres sobre Caracas y otras regiones clave del país, según reportes internacionales.
En la madrugada del 3 de enero de 2026, las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron una operación militar de gran escala contra Venezuela, que incluyó ataques aéreos y terrestres sobre Caracas y otras regiones clave del país, según reportes internacionales.
La misión, denominada internamente Operación Resolución Absoluta (Operation Absolute Resolve), movilizó decenas de helicópteros, unidades de fuerzas especiales como Delta Force y apoyo de la inteligencia y agencias federales estadounidenses.
Tras los bombardeos y asaltos coordinados, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en su residencia en Caracas y posteriormente trasladados fuera del país, con destino a Nueva York para enfrentar cargos federales en Estados Unidos.
El gobierno estadounidense ha afirmado que ambos enfrentan acusaciones por narcotráfico, terrorismo y otros cargos relacionados con drogas, basándose en una acusación federal que amplía cargos previos de 2020.
El operativo causó explosiones que se escucharon en toda Caracas, cortes de electricidad y enfrentamientos con defensas venezolanas, según múltiples crónicas de medios.
Autoridades venezolanas hablan de muertes de civiles y militares durante la ofensiva, aunque las cifras oficiales varían. Un reporte reciente afirma que al menos 32 oficiales cubanos aliados de Maduro murieron, lo que ha escalado aún más las tensiones regionales.
La situación en Venezuela tras la captura es de gran incertidumbre política y militar, con piezas clave del gobierno chavista tratando de reorganizarse o asumir funciones interinas.
Declaraciones de Donald Trump y la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, confirmó públicamente la incursión militar y la captura de Maduro, describiendo la acción como un éxito y anunciando que “el tirano ha sido capturado” y que se procederá con un proceso de justicia en suelo estadounidense.
Trump también afirmó que Estados Unidos “tomará el control de Venezuela hasta que se logre una transición segura y adecuada”, en una declaración que ha generado fuertes críticas internacionales.
En sus comunicaciones oficiales y redes sociales, Trump vinculó la operación a una lucha prolongada contra el narcotráfico y al supuesto papel de Maduro como facilitador de redes criminales, justificando la acción como parte de la seguridad nacional.
La Casa Blanca ha defendido la captura como una cooperación entre fuerzas armadas y agencias de justicia, aunque no existe una autorización pública del Congreso estadounidense que fundamente el uso de la fuerza militar.
Altos funcionarios han sugerido que los recursos petroleros de Venezuela podrían ser reexaminados bajo un nuevo orden político, un punto que críticos han señalado como interés geopolítico y económico adicional.
Repercusiones entre gobiernos de la región y del mundo
La Comunidad internacional reaccionó de manera inmediata y polarizada ante la incursión estadounidense.
Países como México y Brasil calificaron la operación como una “intervención militar” y subrayaron la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU.
En cambio, líderes como el presidente argentino Javier Milei celebraron la acción, afirmando que “la libertad avanza” tras la captura de Maduro.
Rusia y China emitieron fuertes condenas, calificando la incursión como una violación inaceptable de la soberanía venezolana y un precedente peligroso para la estabilidad regional.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que la operación crea un “peligroso precedente” y reafirmó la necesidad de respetar el marco del derecho internacional vigente.
Estados Unidos enfrentó tanto críticas internacionales como cuestionamientos internos: líderes políticos de la oposición, como Kamala Harris, calificaron el operativo de “ilegal e imprudente”, argumentando que carece de una base legal clara y podría desestabilizar más la región.
Algunos gobiernos europeos, como el de Suecia, dijeron que Venezuela ha sido “liberada de una dictadura”, pero insistieron en que cualquier acción debe respetar las normas internacionales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y otros foros regionales han convocado sesiones extraordinarias para abordar la crisis, en medio de llamados a evitar la escalada y buscar soluciones diplomáticas coordinadas.
Respuesta oficial del gobierno venezolano
El gobierno de Venezuela calificó el ataque como una “agresión militar criminal” y solicitó de urgencia una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
El canciller venezolano denunció ante organismos internacionales la operación, alegando que se han violado la soberanía nacional y que se han puesto en riesgo vidas de millones de venezolanos.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez y otras altas autoridades chavistas han exigido “pruebas de vida” de Maduro y Flores, subrayando que el gobierno desconocía su paradero tras la incursión.
Líderes del chavismo han llamado a la población y a las fuerzas armadas a responder ante lo que consideran una invasión extranjera, prometiendo resistencia incluso tras la captura de sus jefes.
Venezuela ha reportado muertos y heridos a causa de los ataques aéreos y enfrentamientos, lo que ha generado una crisis humanitaria y preocupación por desplazamientos internos.
Legislación internacional
Expertos en derecho internacional han señalado que la incursión constituye una violación clara de la soberanía venezolana y de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado sin una autorización del Consejo de Seguridad o una justificación clara de defensa propia.
No existe evidencia pública de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya autorizado esta operación, lo que implica que la acción podría contravenir el Artículo 2(4) del Estatuto de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza entre Estados.
La detención y traslado forzoso de un jefe de Estado en funciones sin consentimiento violaría normas tradicionales sobre la inmunidad de jefes de Estado y la protección diplomática establecida en el derecho internacional consuetudinario.
Organizaciones internacionales y académicas subrayan que incluso si un líder está acusado de crímenes graves, la soberanía estatal y el debido proceso internacional deben respetarse, lo que normalmente requeriría cooperación judicial o mandatos multilaterales.
La operación abre un debate legal profundo sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen transnacional y el respeto por los marcos jurídicos globales que rigen la paz y la seguridad internacionales.
ATE repudia la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudia la agresión militar criminal de Estados Unidos sobre la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro.
“No es en defensa de la Democracia. Con su moral siniestra, EEUU acumula un largo historial de masacres en el mundo en nombre de la Libertad. Lo que quieren es saquear y apoderarse del petróleo y de todos los recursos naturales. También condenamos que el presidente de la Argentina Milei celebre esta invasión que consagra una política internacional intervencionista”, expresó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
El ataque militar del país norteamericano se dio durante la madrugada del sábado con un despliegue armamentístico en las principales ciudades del país caribeño, incluida su capital Caracas. Tras varias horas de ataque, fue el propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Ante esta situación, y en consonancia con la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), ATE se declara en alerta y movilización para acompañar y defender la soberanía de Venezuela.
“Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos. Fuera Estados Unidos de Venezuela”, concluyó Rodolfo Aguiar.